El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por la causa seguros y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283.

El procesamiento es por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor. En un fallo de más de 400 páginas, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.

"Hecky" aprovechó como pocos el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. Desde el comienzo del escándalo, intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats reveló quevisitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales.

El poder lobby se traduce en los números: Martínez Sosa y sus "satélites" cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.

 Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones.En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros. La cifra crece a $ 416.546 .348 si se suman las comisiones cobradas en 2024 ($ 21.732,54 en 2020, $ 29.750.137 en 2021, $ 156.679.420 en 2022, $ 228.982.902 en 2023, y $ 1.112.155 en 2024).

Casanello también procesó, sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.

Cambio de juez clave en la causa

La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.

Una prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.

La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo "Hecky" un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época.

¿Por qué le facturaba? Los abogados de ambas partes aseguran que Martínez Sosa recibía un informe que elaboraba Fernández de la coyuntura política y económica. No era el único cliente del ex presidente. En esos listados aparecen varias empresas y hasta dos sindicatos.