La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz. El fallo confirma su responsabilidad en un esquema que favoreció a Lázaro Báez durante más de una década. Además, alcanza a otros ocho exfuncionarios. Estas son las pruebas que sostuvieron la sentencia:

El corazón del caso: 51 obras viales direccionadas

Una de las pruebas centrales utilizadas por la Justicia para condenar a Cristina Fernández de Kirchner fue el análisis de 51 obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todas fueron otorgadas a empresas vinculadas a Lázaro Báez, en especial Austral Construcciones, creada poco antes del inicio de las licitaciones. Los jueces observaron que esta firma ganó la mayoría de los contratos de forma sistemática, incluso cuando no tenía la capacidad técnica ni financiera para cumplir con ellos. Además, gran parte de esas obras presentó irregularidades: algunas no se terminaron, otras se hicieron con demoras injustificadas, y en casi todas se detectaron sobrecostos. Solo dos de las 51 se ejecutaron conforme a lo contratado.

Auditorías que revelaron el daño económico

Otra prueba clave fueron los peritajes técnicos y auditorías oficiales realizados durante los gobiernos posteriores, especialmente a partir de 2016. Estos informes mostraron que el Estado pagó por obras que nunca se completaron, que se certificaron avances inexistentes, y que se otorgaron prórrogas y pagos anticipados sin justificación técnica. El perjuicio económico al Estado fue estimado en más de 85.000 millones de pesos, actualizados a valor presente. Según los auditores, los sobreprecios alcanzaron niveles de hasta el 65%. Estos documentos fueron valorados como pruebas objetivas e imparciales.

Testigos que confirmaron el poder político

En el juicio oral también declararon 114 testigos, incluyendo exfuncionarios nacionales, exjefes de gabinete, técnicos viales, empresarios y expertos. Algunos testimonios fueron determinantes: se confirmó que las decisiones sobre la asignación y control de la obra pública se tomaban desde la Jefatura de Gabinete y la Presidencia. Varios testigos relataron que había "órdenes políticas" para favorecer a las empresas de Báez. Además, se mencionaron presiones internas y falta de controles efectivos. La Justicia entendió que Cristina Kirchner, como presidenta, no podía desconocer el funcionamiento de este esquema.

Mensajes y correos que destaparon favoritismos

Durante la instrucción también se incorporaron mensajes y comunicaciones privadas entre funcionarios y empresarios. Entre ellos, se destacaron los mensajes de WhatsApp del exsecretario de Obras Públicas José López, que reflejaban gestiones irregulares, pedidos especiales y coordinación directa con actores clave del proceso licitatorio. También se analizaron correos electrónicos y llamadas telefónicas que mostraban cómo se garantizaban pagos a Báez y cómo se preparaban licitaciones a medida. Estas comunicaciones, según los fiscales, evidenciaron la existencia de un trato preferencial sostenido en el tiempo.

Negocios cruzados: hoteles y alquileres sospechosos

Por último, los jueces también consideraron como prueba relevante la relación comercial y financiera entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. Se demostró que las empresas del empresario patagónico alquilaban habitaciones en los hoteles de la familia presidencial, como el Alto Calafate, por sumas millonarias, incluso cuando esos hoteles estaban vacíos. Además, Austral Construcciones pagaba alquileres por departamentos y propiedades sin uso real. Para el tribunal, esto funcionaba como un mecanismo para devolver parte del dinero adjudicado en las licitaciones, encubierto bajo contratos privados.

El fallo final: fraude probado y condena ratificada

En su fallo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 concluyó que Cristina Fernández tuvo un rol central y directivo en el esquema de corrupción. Aunque la figura de asociación ilícita no fue confirmada por instancias superiores, sí se acreditó que hubo una administración fraudulenta sistemática que duró más de una década, y que fue sostenida desde el poder político más alto. La Corte Suprema, al dejar firme la condena, afirmó que "el debido proceso ha sido respetado" y que las pruebas son suficientes para ratificar la sentencia.