En un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial confirmó la caducidad de la demanda civil iniciada por el Estado contra Cristina Kirchner en 2018.

De esa manera, la expresidenta no deberá pagar los $22.300 millones que el organismo Vialidad le reclamaba a ella y al resto de los condenados en la causa por el direccionamiento en la obra pública en Santa Cruz.

Se trata de una causa civil que tramitó en paralelo a la penal, por la cual la expresidenta cumple en su casa una pena a 6 años de prisión y en donde sí debe responder con sus bienes por el perjuicio ocasionado al Estado junto al resto de los condenados.

Este otro expediente, cerrado ayer por la Cámara Civil, se inició en 2018 con la demanda que el organismo Vialidad promovió durante el gobierno de Mauricio Macri, con la cual buscaba un resarcimiento económico por los daños y perjuicios causados al patrimonio del Estado.

La disputa entre el organismo y la expresidenta se centró en torno a fechas. Cristina Kirchner presentó un recurso en el que adujo que el trámite quedó caduco por no registrar avances desde el 17 de marzo de 2023.

El organismo Vialidad, por su parte, sostuvo que durante el plazo de caducidad invocado, hubo presentaciones que mantuvieron a la causa activa.

En primer término, el juez Marcelo Bruno Dos Santos falló en contra de Cristina Kirchner, pero luego, frente a un nuevo planteo donde la expresidenta pedía que se descontaran los días de feria judicial, acabó por darle la razón.

Ahora la Sala III confirmó esa decisión, con el voto de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi.

"La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023, dijeron los magistrados, que remarcaron que "la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desarrollo".

En disidencia votó la jueza Florencia Nallar. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que la caducidad de la instancia solo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito", sostuvo en su voto.

Si continua el decomiso

En paralelo, en la Justicia federal de Comodoro Py se avanza con el decomiso de los bienes de los condenados por Vialidad para cubrir el monto actualizado de $684 mil millones.

Los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, en respuesta a un pedido del tribunal, ya identificaron 140 bienes "decomisables" de los condenados, que pasaron a formar parte de su patrimonio entre 2003 y 2015, el periodo juzgado.

La lista incluye más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Baez o de sus compañías; otros 20 de la expresidenta en la provincia de Santa Cruz -la mayoría cedidos a sus hijos Máximo y Florencia-; y una veintena de propiedades que son del resto de los funcionarios condenados.

Como Cristina Kirchner cedió algunas de las propiedades a sus hijos Máximo y Florencia, ajenos al proceso, el Tribunal les corrió traslado para que opinen sobre el decomiso de sus bienes.