Tras el rechazo del veto presidencial y lograr los dos tercios en Diputados, el Senado se dispone a reavivar el tratamiento de la emergencia en discapacidad, una norma que busca garantizar servicios y pensiones por discapacidad. Sin embargo, el avance del proyecto se condiciona a una fuerte disputa entre bloques sobre el temario que se discutirá en el recinto.

Una herramienta legislativa histórica en riesgo

La ley, que ya cuenta con media sanción y pretende extender la asistencia hasta diciembre de 2026 o incluso 2027, contempla la actualización de prestaciones, pensiones y aranceles, así como mejoras en transparencia y financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El oficialismo la rechaza por considerarla de alto impacto fiscal. 

Disputas por el temario y freno al tratamiento

Una división interna entre los bloques provocó retrasos en el debate. La oposición busca incluir esta reactivación entre los temas prioritarios, mientras que sectores vinculados al Gobierno objetan la convocatoria y postergan su tratamiento, complicando la dinámica del Senado.

Las tensiones y los discursos fundacionales

La norma contó con respaldo unánime en el Senado durante su sanción, aunque el Gobierno la cuestiona abiertamente e incluso anticipó una posible judicialización si persiste. En su defensa, legisladores opositores destacaron la urgencia social: "Nuestros hijos no son un número... el Estado tiene que hacerse cargo", dijo el senador Luis Juez con visible emoción. 

Un pulso que refleja apuestas políticas y urgencias sociales

Esta reactivación es mucho más que una cuestión legislativa: escenifica la confrontación entre una agenda social y las prioridades del ajuste fiscal. Si el Senado logra incluirlo en su temario y avanzar, el proyecto podría convertirse en ley. De lo contrario, quedará pendiente en medio de una pulseada política con fuerte carga simbólica.