La acusación se basa en pruebas que indican que Martínez asistió al menos una vez a la Legislatura de Córdoba, contradiciendo sus declaraciones anteriores en las que negaba cualquier vínculo con la institución.

El escándalo se desató cuando Kraisman intentó retirar un millón de pesos de una cuenta bancaria a nombre de Martínez, utilizando su DNI y acompañado de Luciana Castro, una funcionaria previamente despedida de la Municipalidad. Al ser descubiertos, ambos fueron detenidos, lo que llevó a una investigación sobre la inclusión de "empleados fantasmas" en la Legislatura.

Además de Martínez, su madre, Patricia Defunchio, fue imputada por defraudación a la administración pública agravada. Se la señala como la persona que facilitó la contratación irregular de su hija, manteniendo una relación directa con Kraisman para gestionar su inclusión en la Legislatura.