Ley Bases: primera parte adentro

El Gobierno avanzó hoy con la primera etapa de reglamentación de la Ley Bases y puso en vigencia el capítulo de Reforma del Estado de la norma aprobada a fines de junio por el Congreso. 

Entre otras cuestiones, la normativa incluye los cambios en el empleo público, las privatizaciones y la reorganización administrativa. 

 El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger celebró que el decreto 695 reglamentó normas con el objetivo central de "acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas". 

El Decreto 695/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece la reglamentación de los 59 artículos incluídos en el Título II de la Ley Bases, titulada Reforma del Estado. Además, otorga un plazo de 15 días a la Jefatura de Gabinete para cambiar el sentido del silencio o la falta de respuesta de la Administración Pública Nacional, que desde ahora será positivo en la mayoría de los casos.

Entre los principales puntos contenidos en el Título II reglamentado hoy destacan:

• La privatización de empresas públicas, que incluye la concesión o venta (total o parcial) de firmas como Energía Argentina, Intercargo, SOFSE, AySA, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Además permite cambiar las formas societarias de las empresas públicas.

• La reorganización administrativa, que incluye la "fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia" de organismos que dependan del Poder Ejecutivo, con algunas excepciones como el Conicet, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

• Los cambios en la regulación del empleo público, que permite que los empleados de los organismos o funciones que sean suprimidos a partir de la reorganización administrativa pasen a disponibilidad por hasta 12 meses.

• Otorga las facultades delegadas que quedaron, luego de haber presentado 11, en 4: administrativa, económica, financiera y energética. Esto habilita al Poder Ejecutivo a realizar cambios sin necesidad de pasar por el Congreso en estas materias.