El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis "Toto" Caputo, inauguraron este jueves por la tarde la mesa federal con gobernadores, en la previa de la decisión de las autoridades nacionales de vetar la ley que modifica el reparto de los ATN.

 Del encuentro participaron los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, todos ellos cercanos a la gestión libertaria, con la que tienen una alianza de cara a las próximas elecciones.

 En un primer momento, estaba previsto que Catalán recibiera a todos ellos por separado, como una forma de comenzar a acercar posiciones y empezar a planificar lo que será esta nueva etapa de diálogo.

 Sin embargo, pasadas las 14:30, el titular del Palacio de Hacienda decidió cruzar hacia Balcarce 50 para sumarse al cónclave y el jefe de Gabinete decidió que esa serie de conversaciones se unifiquen en una sola que le diera inicio a la recientemente anunciada mesa federal.

 A las 16.30, terminó el encuentro y los gobernadores se retiraron de la Casa Rosada.

El flamante nuevo ministro

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos y fue encabezada por el nuevo ministro del Interior, quien, aunque solo fue oficializado de manera informal y su designación debería salir en los próximos días, tuvo un debut en el cargo marcado por una serie de reuniones estratégicas con gobernadores aliados, en respuesta al mandato del presidente Javier Milei de restablecer los lazos entre el Gobierno nacional y las provincias.

Catalán recibió por la mañana al Zdero, con quien charló durante un largo rato. Cuando se definió armar la mesa federal, el chaqueño regresó a la Casa Rosada para asistir.

La administración nacional, liderada por Milei, busca alternativas para superar las tensiones surgidas tras el cierre de listas electorales, aunque mantiene firme su postura de vetar la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso. En este contexto, la estrategia oficial consiste en evitar convocatorias masivas y priorizar reuniones personalizadas con cada mandatario provincial, con el objetivo de analizar en profundidad las demandas específicas de cada jurisdicción.