El Gobierno nacional confía en que en las próximas semanas logrará la sanción del proyecto de Modernización Laboral, aunque admite que el texto definitivo aún no está cerrado. En la Casa Rosada reconocen que desde el Senado podrían llegar modificaciones impulsadas por la oposición en materia de convenios colectivos o artículos secundarios, que podrían incorporarse directamente en la votación en Diputados. El punto más conflictivo sigue siendo la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas, un capítulo que define el resultado final: si se atenúa su aplicación, el oficialismo cree que conseguirá los votos; si no, da por descontado el rechazo.

Los incentivos que ofrece el Ejecutivo para sostener ese apartado generan dudas incluso dentro del propio oficialismo. La argumentación central apunta a que la reforma laboral impulsará la registración del empleo y que eso derivará en una mayor recaudación futura, una lógica de "perder ahora para ganar después". Sin embargo, integrantes de la mesa política libertaria no descartan que ese capítulo se caiga, con el objetivo de evitar una baja inmediata de ingresos fiscales.

Recaudación en caída y presión de los gobernadores

El debate se da en un contexto fiscal delicado. Los datos de enero de ARCA confirmaron que la recaudación cayó en términos reales por sexto mes consecutivo, una señal que encendió alarmas en el Gobierno. "Los gobernadores no saben lo cortos que estamos con los números y que con una baja de Ganancias también nos la estamos jugando", admitió una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo.

Desde las provincias, la lectura es más pragmática. "Si Ganancias no sale y la reforma laboral igualmente termina dinamizando la economía, el beneficio para nosotros va a ser doble", razonó un gobernador. Con ese escenario sobre la mesa, ninguno de los mandatarios está dispuesto a arriesgar respaldo político si el oficialismo no flexibiliza su postura. El trasfondo es electoral: las gobernaciones de 2027 ya están en juego y los gobernadores sostienen que el ajuste aplicado por Nación los dejó sin margen para nuevas concesiones.

Gestos políticos y respaldo silencioso

Pese a las tensiones, el Gobierno detectó señales de distensión. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, dirigentes que no se caracterizan por su cercanía con Javier Milei, evitaron recibir a la CGT durante su gira federal para frenar la reforma laboral. Además, la mayoría de los gobernadores no asistió al frustrado encuentro en el CFI, que buscaba consensuar una posición común frente al proyecto libertario.

En el círculo rojo oficialista aseguran que, más allá del destino de algunos capítulos, la votación general de la reforma será afirmativa en ambas cámaras, lo que abrió paso a un nuevo escenario de conflicto.

La pelea que viene: judicialización y Corte Suprema

Con la aprobación legislativa casi asegurada, en la Casa Rosada ya trabajan sobre el próximo frente: la judicialización de la reforma laboral. "Todas las reformas que hemos sacado nos las judicializan. Sabemos que van a venir por el proyecto", afirmó una fuente cercana al Presidente, quien recordó que solo en cuestiones laborales la Justicia logró frenar iniciativas oficiales.

Desde el Ejecutivo apuntan contra la Justicia laboral, a la que responsabilizan de haber generado medidas que impactaron "en cinco puntos del PBI". Sostienen que existe una articulación entre jueces laborales, estudios jurídicos y sectores del sindicalismo para intentar suspender la aplicación de la reforma. En el Gobierno descuentan que, tras las apelaciones, el conflicto terminará en la Corte Suprema de Justicia.

Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y la estrategia de Milei

El máximo tribunal está integrado por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las relaciones institucionales con la Justicia son monitoreadas por Santiago Caputo, asesor presidencial. Javier Milei se mantiene deliberadamente al margen de esa rosca y solo exige no opinar ni interferir en fallos más allá de los recursos legales. "Eso nos permitió sostener las reformas que queríamos", explican en su entorno. Desde la Corte, reconocen que en los últimos dos años trabajaron sin presiones.

Un funcionario deslizó que "hay uno o dos de los ministros de la Corte que últimamente están teniendo un criterio más moderno y dinámico", compatible con proteger derechos laborales sin bloquear la contratación. Aun así, aclaró: "Sería ideal no llegar a la instancia de tener que hablar con la Corte, porque en cualquier parte del mundo una cautelar de este estilo debería rechazarse inmediatamente".

Tensiones internas y contradicciones en el Estado

Mientras el Gobierno cuestiona los privilegios judiciales, convalidó un aumento del 280% en los fondos del Consejo de la Magistratura, lo que generó malestar en sectores medios de la administración pública. Directores Nacionales, Directores Generales y Coordinadores denunciaron que sus salarios permanecen congelados desde diciembre de 2023, a diferencia de ministros, secretarios y subsecretarios. "Nos tienen para el congelamiento pero no para el aumento", se quejó un funcionario en estricta reserva.

Quién defenderá la reforma en los tribunales

La defensa jurídica del proyecto quedará en manos de la Procuración del Tesoro, dependiente del Ministerio de Justicia. Mariano Cúneo Libarona regresó a su cargo a fines de enero y continúa al frente del área, aunque en el Gobierno admiten que en algún momento dejará su puesto. Los hermanos Milei aún no retomaron conversaciones con el ministro sobre su continuidad.

Foto política y señales rumbo a 2027

En paralelo, una imagen activó lecturas electorales: Diego Santilli, ministro del Interior, se mostró junto a Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense. La foto, difundida por Ritondo, incluyó charlas sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, "una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires". En el PRO interpretaron el gesto como una ratificación de Santilli "como un amarillo en el Gobierno".

Desde el macrismo aseguran que Ritondo es un actor clave en el Congreso y que se lo proyecta como candidato dentro de una eventual alianza con La Libertad Avanza, ante la necesidad de concentrar votos frente al peronismo kirchnerista en la provincia.

La estrategia libertaria en territorio bonaerense

En el entorno de Karina Milei relativizan las especulaciones y admiten que Ritondo aporta un electorado al que hay que aspirar, sin desmentir que sea potencial candidato a gobernador. Mientras tanto, La Libertad Avanza bonaerense, conducida por Sebastián Pareja, avanza con una construcción propia y advierte que la votación sobre la reelección de intendentes será el punto de quiebre. "Ese va a ser el punto de inflexión. Si la votan, habremos arrancado mal", anticipó un operador libertario.

La conclusión interna es contundente: los acuerdos partidarios ya no garantizan cohesión. "No vamos a permitir que se nos siente una persona, arregle para sus amigos y después otros negocien individualmente en su territorio", advierten en La Libertad Avanza. La pelea judicial y la electoral, aseguran, ya comenzaron.