El Gobierno nacional sufrió un revés legislativo en el Senado al verse obligado a postergar el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La principal dificultad fue la falta de consenso en torno al capítulo que propone flexibilizar la venta de tierras rurales a personas y capitales extranjeros, además de la ausencia de varios senadores aliados que dejó al oficialismo con números muy ajustados.

La decisión fue anunciada durante la sesión por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien comunicó: "El punto tres (por el proyecto de propiedad privada) vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto". La medida llegó luego de que fracasaran las negociaciones para incorporar modificaciones al texto y conseguir el respaldo suficiente para aprobar el proyecto.

La extranjerización de tierras fue el principal punto de conflicto

El capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros generó el mayor rechazo dentro y fuera del Congreso. La propuesta plantea eliminar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras de 2011, que actualmente limita la propiedad extranjera al 15% del territorio nacional, provincial y departamental, además de establecer que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese porcentaje habilitado.

La iniciativa fue cuestionada no solo por el kirchnerismo y la izquierda, sino también por sectores de la oposición dialoguista y distintas organizaciones sociales, incluida la Iglesia Católica, que manifestaron reparos sobre la modificación del régimen vigente.

El quórum ajustado y las diferencias internas complicaron la sesión

La sesión comenzó poco después de las 12.25, con el quórum mínimo de 37 senadores. El oficialismo logró iniciar el debate gracias al respaldo completo de La Libertad Avanza, los 10 integrantes de la UCR, legisladores del PRO y representantes de fuerzas provinciales de Neuquén, Salta y Misiones.

Sin embargo, la ausencia de algunos aliados dejó en evidencia la fragilidad de los números para aprobar el proyecto. A esto se sumó que el texto sufrió más de quince modificaciones desde que obtuvo dictamen hace casi dos meses, situación que también complicó las negociaciones.

Durante la jornada también trascendió un fuerte intercambio de mensajes privados entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, reflejando el clima de tensión política que rodeó el tratamiento de la iniciativa.

El Senado aprobó pliegos judiciales y avanzó con nuevas designaciones

Más allá de la postergación del proyecto, la Cámara alta sí avanzó con la aprobación de 29 pliegos judiciales impulsados por el Ministerio de Justicia.

Entre ellos recibió acuerdo Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, quien ocupará el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, tribunal que investiga las causas contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

También fue aprobado, aunque con una votación muy ajustada, el pliego del camarista Víctor Pesino, cuya continuidad en la magistratura fue solicitada por el presidente Javier Milei por un período adicional de cinco años, pese a estar próximo a alcanzar la edad jubilatoria.

Además, el Senado dio estado parlamentario a las postulaciones de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para integrar la Cámara Federal porteña, tribunal que interviene en causas sensibles para el Gobierno, entre ellas el expediente vinculado a $LIBRA.

Qué propone la ley impulsada por el Gobierno

El proyecto, elaborado por Federico Sturzenegger y enviado al Senado a fines de marzo, no solo modifica el régimen de propiedad de tierras rurales, sino que también incorpora cambios en las leyes de Manejo del Fuego y en los procedimientos de desalojos judiciales.

Respecto de los desalojos, el texto fue ampliamente modificado durante su tratamiento legislativo. Finalmente establece un plazo de diez días hábiles desde la notificación para restituir el inmueble -frente a los tres días previstos en la versión original- e incorpora protecciones especiales para menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores antes de ejecutar la medida.

En cuanto a la compra de tierras, la última versión habilita la adquisición sin límites para personas extranjeras, mientras que las empresas con participación de Estados extranjeros deberán contar con autorización tanto del Gobierno nacional como de la provincia correspondiente.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa no permite que otros Estados compren territorio argentino, y diferencian entre la inversión privada y la adquisición de tierras por parte de gobiernos extranjeros. Sin embargo, las diferencias políticas impidieron alcanzar un consenso y el debate quedó oficialmente postergado hasta el 6 de agosto.