El Gobierno de Javier Milei decidió modificar los apartados más controvertidos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento estratégico de 170 páginas elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La nueva versión fue enviada nuevamente al Congreso en silencio, luego de que el texto original despertara fuertes cuestionamientos políticos y públicos por el alcance de algunas de sus disposiciones.

Según distintas fuentes consultadas en el ámbito oficial, las modificaciones eliminaron o corrigieron fragmentos que podían interpretarse como habilitaciones para realizar espionaje interno. El plan original había sido desarrollado bajo la conducción de Sergio Neiffert junto a su equipo y buscaba fijar los lineamientos estratégicos que guían las tareas de inteligencia del Estado argentino.

El PIN establece los objetivos generales y las acciones que debe llevar adelante la comunidad de inteligencia para proteger intereses nacionales y enfrentar amenazas externas o internas. Sin embargo, su redacción inicial provocó polémica luego de que se conocieran algunos de los criterios que la SIDE pretendía utilizar para definir posibles riesgos o actores bajo observación.

Las críticas por posibles tareas de espionaje interno

El documento original generó controversia porque incluía definiciones ambiguas que podían abrir la puerta a tareas de espionaje ilegal, particularmente contra opositores políticos, economistas, movimientos sociales o periodistas críticos del Gobierno.

Uno de los apartados señalaba que la inteligencia estatal debía observar a quienes buscaran "erosionar" la confianza de la opinión pública en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. La redacción no aclaraba si se refería únicamente a agentes extranjeros o también a ciudadanos, especialistas o comunicadores que cuestionaran políticas públicas.

Otro punto polémico indicaba que debían vigilarse "actores" que promovieran la "distorsión" de la "percepción" o afectaran los procesos "cognitivos" de la opinión pública, especialmente mediante el uso de nuevas tecnologías o inteligencia artificial. Estas definiciones fueron interpretadas por algunos sectores como una posible base para monitorear el debate público o las críticas políticas.

Qué cambió en la nueva versión del plan

Frente a las críticas políticas y legislativas, la SIDE revisó el documento y eliminó las referencias más controvertidas. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, "eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre".

Otra fuente explicó que "la SIDE receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores", lo que derivó en una nueva redacción que intenta evitar interpretaciones sobre posibles tareas de espionaje interno.

También se introdujeron aclaraciones sobre el concepto de "proceso cognitivo", especificando que el plan se refiere a actores externos, como otros países o campañas de influencia extranjera, y no a ciudadanos o actores políticos locales. Según una de las fuentes consultadas, "quitaron todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades".

El debate político que sigue abierto

Mientras el Gobierno reformulaba el documento, persisten cuestionamientos desde el Congreso, especialmente en torno al decreto 941/2025, firmado por el presidente Milei. Ese decreto amplió las facultades de la SIDE, incluyendo la posibilidad de detener personas sin control judicial previo y realizar cruces masivos de información y datos personales.

La discusión también continúa en el ámbito parlamentario porque la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia todavía debe analizar la nueva versión del plan. Tras la renovación legislativa, el organismo aún espera la designación de sus nuevos integrantes para revisar el documento definitivo.

De acuerdo con otra fuente cercana al proceso, "nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones", aunque todavía no cuente con una revisión final de la comisión bicameral. El argumento oficial es que el plan es elaborado por el Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso solo tiene facultades para observarlo y emitir recomendaciones, pero no para aprobarlo o rechazarlo formalmente.