El juicio multimillonario contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012 sumó un nuevo foco de conflicto en los tribunales de Estados Unidos. Los demandantes presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en el que propusieron un cronograma para avanzar con posibles sanciones por lo que consideran un incumplimiento del país en la entrega de información. Desde el Gobierno aseguraron que la Argentina no está en desacato, que realizó entregas parciales de documentación y que cooperó con la Justicia norteamericana.

La causa principal ya cuenta con un fallo de primera instancia. Preska determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía y Petersen Inversora, sociedades vinculadas a la familia Eskenazi. Como consecuencia, condenó al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones. Ese fallo fue apelado por la Argentina y ahora será la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito la que defina si confirma la sentencia o da lugar al reclamo del Estado.

El "discovery", los chats y la búsqueda de activos embargables

En paralelo a la causa madre, avanza el expediente denominado "discovery", mediante el cual la Justicia estadounidense busca determinar qué bienes de la Argentina podrían ser embargados en caso de una derrota definitiva. En ese marco, se analiza si empresas como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central y la propia YPF pueden ser consideradas alter ego del Estado, lo que habilitaría su utilización para cumplir con una eventual condena.

Dentro de ese proceso, la jueza Preska ordenó la entrega de documentación vinculada a las "off channel communications", es decir, comunicaciones fuera de los canales oficiales. El pedido incluye chats y correos electrónicos de exfuncionarios y actuales miembros del Gobierno, como los mensajes de WhatsApp de Luis Caputo, ministro de Economía, y Pablo Quirno, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, además de información detallada sobre activos estatales potencialmente embargables. Según fuentes vinculadas al expediente, la Argentina recuperó contenido de numerosos teléfonos y presentó información parcial, aunque los demandantes sostienen que no hallaron pruebas que demuestren que YPF o el Banco Central actúan como una extensión directa del Poder Ejecutivo.

Quiénes reclaman, el cronograma de sanciones y los cruces con la jueza

Los demandantes cuentan con el respaldo financiero de Burford Capital, un megabufete internacional que compró los derechos a litigar de Petersen Energía y Petersen Inversora. La representación legal está a cargo de los estudios Levine Lee LLP, King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, con la intervención de los abogados Seth Levine, Alison Bonelli y Miriam Alinikoff. En su última presentación, propusieron un cronograma para solicitar sanciones, con fecha del 15 de enero para presentar la moción contra la Argentina y del 19 de febrero para la respuesta del país. Desde el Gobierno señalaron que los demandantes "pueden solicitar lo que deseen" y ratificaron que la defensa continuará.

Este nuevo capítulo se conoció luego de un fallo favorable para YPF. El 23 de diciembre, Preska decidió suspender una orden previa que habilitaba investigar activos de la petrolera con fines de embargo. Sin embargo, el proceso ya había mostrado momentos de fuerte tensión días antes. El 9 de diciembre, la jueza cuestionó la falta de información sobre los acuerdos de swap con China, que los demandantes consideran una posible vía de cobro. Ante el argumento argentino de que esos convenios fueron firmados por el Banco Central y no por el Poder Ejecutivo, Preska interrumpió la audiencia con la frase "¿Se está escuchando?", y luego remarcó: "La idea de que la República no tenga acceso a un documento firmado en su nombre suena ridícula".

Un proceso abierto con final incierto

Así, la disputa por la entrega de chats de funcionarios, el avance del discovery y la resolución de la causa principal continúan abiertos. El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito podría revertir la condena o, por el contrario, acelerar consecuencias económicas de alto impacto para la Argentina en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia.