El gobierno de Javier Milei confirmó que este viernes enviará al Congreso una nueva ley de sociedades, una iniciativa que se sumará a los cuatro proyectos que la administración nacional remitió la semana pasada. Según trascendió desde la Casa Rosada, el texto ingresará por el Senado y forma parte de una agenda legislativa que el oficialismo pretende acelerar durante junio.

Desde el Gobierno aseguran que el Congreso tendrá una intensa actividad en las próximas semanas, luego de varios meses con escaso movimiento parlamentario. La intención oficial es avanzar con una serie de reformas consideradas estratégicas para profundizar el programa de desregulación económica impulsado por la actual gestión.

El proyecto fue elaborado principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, con la colaboración del Ministerio de Justicia que conduce Juan Mahiques. Mientras tanto, la Secretaría de Legal y Técnica trabaja en los últimos detalles antes de la presentación formal.

Más poder para los socios y menos intervención estatal

Uno de los cambios centrales de la iniciativa es que el estatuto de cada sociedad pasará a tener un rol predominante, otorgando a los socios una capacidad mucho mayor para definir las reglas internas de funcionamiento de sus empresas.

Desde el oficialismo explicaron que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que las restricciones impuestas por el Estado serán excepcionales. Además, sostienen que los organismos registrales no podrán establecer limitaciones que excedan lo previsto por la normativa nacional.

En la Casa Rosada resumieron el espíritu de la reforma al señalar que "se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios", planteando un esquema basado en una mayor autonomía privada y menor regulación pública.

Otro punto relevante es que las sociedades podrán tener un objeto social amplio y plural, sin necesidad de que exista relación entre las distintas actividades que desarrollen. Incluso, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se presumirá que la empresa puede realizar cualquier actividad lícita.

La posibilidad de aplicar leyes extranjeras genera debate

Uno de los aspectos que promete despertar controversias es la habilitación para que las sociedades puedan resolver conflictos internos utilizando derecho extranjero en lugar de la legislación argentina.

El proyecto también contempla la posibilidad de incorporar cláusulas arbitrales en los estatutos para solucionar disputas sin necesidad de recurrir a la Justicia ordinaria.

Fuentes oficiales explicaron que esta medida busca facilitar la inserción internacional de las empresas y permitir que los socios adopten marcos normativos con los que ya estén familiarizados. Según señalaron, las compañías podrán constituirse en Argentina y, al mismo tiempo, regirse internamente por reglas utilizadas en jurisdicciones como Delaware, Londres, Dubái o Nueva York.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta flexibilidad permitirá atraer inversiones y simplificar la operatoria de grupos empresariales que trabajan habitualmente bajo estándares internacionales.

Digitalización total y nuevos formatos empresariales

La propuesta incorpora además una digitalización integral del funcionamiento societario. Entre las novedades figuran el domicilio electrónico obligatorio, los libros digitales, los registros virtuales, las asambleas a distancia y la posibilidad de constituir empresas mediante firma electrónica o digital.

También se creará un legajo digital público para cada compañía, lo que permitirá centralizar información societaria en formato electrónico.

A su vez, el proyecto introduce nuevas figuras jurídicas inexistentes hasta ahora en la legislación argentina. Entre ellas aparecen las llamadas sociedades automatizadas, estructuras que podrían operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento.

La iniciativa también reconoce a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), entidades que utilizan tecnología blockchain y sistemas de participación mediante tokens digitales. Según adelantó el Gobierno, tanto estas organizaciones como las sociedades automatizadas tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

Nuevas herramientas para inversiones y reorganización empresarial

El texto incorpora instrumentos financieros convertibles, habilita la renovación automática de la duración de las sociedades y establece que los mandatos de directores y síndicos sean, por defecto, por tiempo indeterminado, salvo disposición contraria de los socios.

Asimismo, contempla mecanismos simplificados para reorganizar grupos empresariales. Una de las novedades es que cuando una compañía sea propietaria del 100% de otra sociedad, podrá absorberla directamente sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde el Ejecutivo consideran que esta medida reducirá costos administrativos y agilizará procesos de reorganización corporativa que actualmente demandan mayores requisitos burocráticos.

La apuesta oficial para adaptar la legislación al siglo XXI

En el Gobierno sostienen que la reforma busca reemplazar una normativa considerada obsoleta y adaptar el derecho societario argentino a las nuevas dinámicas económicas y tecnológicas.

La administración de Milei plantea que el país debe abandonar un esquema basado en controles estatales y avanzar hacia un modelo centrado en la libertad contractual y la autonomía de los particulares.

Según explicaron desde la Casa Rosada, el objetivo es pasar de "un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno que prioriza la autonomía privada y reduce la intervención estatal".

La iniciativa se suma a otros proyectos impulsados recientemente por el Ejecutivo, entre ellos la ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, el denominado Súper RIGI, la ley de Prevención de la Ludopatía y la propuesta para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

Ahora será el Congreso quien deberá analizar el proyecto y definir si avala una de las reformas más ambiciosas impulsadas por el oficialismo en materia societaria desde el inicio de la gestión de Milei.