La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en el proceso de adquisición de terrenos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025 durante la administración del presidente Gabriel Boric, advirtiendo incumplimientos normativos, sobreprecios y falta de planificación en la ejecución de la política pública. 

El reglamento nunca llegó

Cuatro años después de que venciera el plazo legal, el reglamento que debía regular la compra de terrenos sigue sin existir. En marzo de 2026, Contraloría incluso tuvo que rechazar un decreto que pretendía aprobarlo porque aún presentaba deficiencias. Sin ese reglamento, el Minvu compró terrenos por más de 600 hectáreas operando con resoluciones transitorias y criterios internos que nadie había validado formalmente.

 A nivel nacional se superó en un 61,33% la meta de superficie, pero en siete regiones se compraron 252 hectáreas que el propio plan no requería, mientras que en Antofagasta, O'Higgins, Maule, Biobío y la Región Metropolitana no se alcanzaron las metas. 

Sobreprecios y terrenos sin destino

En seis de los 25 casos analizados el valor del metro cuadrado duplicó el precio de referencia, alcanzando entre 11,43 y 19,14 UF/m². Además, 16 de los 25 terrenos revisados no tienen proyecto habitacional asociado, pese a haber sido comprados hace más de tres años. Contraloría instruyó iniciar un procedimiento disciplinario y exigió medidas correctivas en 60 días hábiles desde el 13 de abril.

Los diputados UDI, Mario Olavarría y Omar Sabat, anunciaron una comisión investigadora. El primer citado sería el exministro Carlos Montes.