El Gobierno de Chile confirmó este miércoles el retiro del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que se encontraba en la Contraloría General de la República, tras la fuerte polémica que generó entre los alcaldes una de sus disposiciones.

El anuncio lo realizó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, en el marco de una reunión con las principales asociaciones municipales del país para abordar las inquietudes surgidas en torno a la normativa.

1. El artículo que encendió la polémica

La controversia se concentró en el artículo 8 del reglamento, que establecía que correspondía a cada municipalidad, antes de designar al director de seguridad pública o nombrar a los inspectores de seguridad municipal, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para esos cargos.

El texto señalaba que el incumplimiento de ese deber podía derivar en una sanción administrativa y, en el caso del alcalde, configurar la causal de cese del cargo prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que fue cuestionado con fuerza por distintos jefes comunales.

2. De la defensa del texto al retiro

Hasta el martes, el Ejecutivo había defendido la redacción del reglamento sosteniendo que no creaba una nueva causal de destitución. El biministro Claudio Alvarado explicó que la norma "solamente recordaba" que el incumplimiento de ciertas reglas podía dar pie a una inhabilidad ya contemplada en la legislación vigente.

Sin embargo, la Asociación Chilena de Municipalidades había solicitado formalmente el retiro del documento de Contraloría y la apertura de un nuevo proceso de trabajo, en medio de críticas transversales de alcaldes de distintos sectores políticos.

3. Lo que viene ahora

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, había anticipado horas antes que el Gobierno estaba dispuesto a introducir los cambios necesarios: "Si es necesario retirar el reglamento y arreglarlo se va a hacer", señaló.

Desde el Ejecutivo remarcaron que no se trató de un error en la redacción original, sino que el texto será modificado para evitar interpretaciones diversas, en momentos en que el reglamento forma parte de un paquete normativo con plazos definidos para su implementación.