La Contraloría General de la República destapó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos tras la tragedia de febrero de 2024 en Valparaíso, que dejó 138 fallecidos. Los informes apuntan a pagos no acreditados, eventuales sobreprecios y deficiencias contractuales que superarían los $2.725 millones, involucrando a la Delegación Presidencial Regional, municipios y la Dirección de Arquitectura.

Entre los hallazgos se detectaron turnos de camiones tolva y bateas que no pudieron ser acreditados, además de arriendos de maquinaria con diferencias de hasta 220% y 378% respecto de otros contratos similares. Solo en la Delegación Presidencial se objetaron más de $586 millones, incluyendo pagos por servicios no ejecutados y duplicación de funciones.

Fiscalía entra en escena

El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal tras recibir los antecedentes del órgano contralor. El fiscal anticorrupción Eugenio Campos detalló que se indagan posibles delitos vinculados a demoliciones no realizadas y procesos contractuales irregulares que comprometerían más de $1.100 millones en un centenar de viviendas siniestradas.

Contraloría, además, instruyó sumarios administrativos y ordenó la restitución de montos cuestionados. Desde la exdelegación encabezada por Sofía González aseguraron que ya existían investigaciones internas en curso al momento de su salida y que colaborarán con los requerimientos. Sin embargo, organizaciones de damnificados advirtieron que lo detectado sería "solo la punta del iceberg" y que el daño podría ser "escandalosamente superior".