Un funcionario de Gendarmería permitió la salida de un acusado que debía quedar en prisión preventiva tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. La magistrada Leticia Morales había ordenado su ingreso a la cárcel, pero cerca del mediodía el imputado abandonó el recinto por una falla en el procedimiento de custodia, generando un nuevo escándalo en el sistema.

Una cadena de fallas

El episodio no es aislado. En los últimos días ya se había registrado otro caso en Santiago, donde un individuo recuperó su libertad tras una confusión por suplantación de identidad en el 13° Juzgado de Garantía. Ese hecho derivó en un sumario interno y abrió un debate sobre la fragilidad de los controles.

En esta ocasión, el uniformado encargado del traslado actuó en contra de la resolución judicial vigente. El error se convirtió en el segundo de similares características en apenas una semana y se suma a una estadística preocupante: al menos siete liberaciones indebidas en el último año.

Presión política y sumarios

La gravedad del caso elevó la presión sobre el Ministerio de Justicia. Desde el Ejecutivo anticiparon investigaciones administrativas y eventuales sanciones, mientras la plana mayor de la institución penitenciaria debió salir a dar explicaciones por lo ocurrido.

El escándalo vuelve a instalar una pregunta incómoda: cómo es posible que decisiones judiciales claras terminen vulneradas por fallas operativas. En un contexto de alta sensibilidad en materia de seguridad, cada equivocación erosiona la confianza pública y deja al sistema bajo la lupa.