La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dependiente del gobierno del presidente José Antonio Kast, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades detectadas entre 2022 y 2026.

La acción judicial fue presentada formalmente este miércoles por el director nacional del organismo, Fernando Peña, ante Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía. También se presentaron antecedentes ante la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.

Es la primera repartición pública del actual gobierno en concretar una ofensiva de este tipo tras las auditorías internas instruidas al asumir el período presidencial.

Los $14 mil millones y el PAE

Las irregularidades detectadas superarían los $14 mil millones y estarían relacionadas principalmente con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La auditoría interna arrojó anomalías calificadas como "gravísimas". El primer hito apunta al pago de 14 mil millones de pesos por raciones de alimento y onces que jamás llegaron a los escolares. El organismo apunta a la empresa proveedora Soser como parte de la trama de presuntos sobreprecios y pagos por servicios no realizados.

El caso no es completamente nuevo. En julio de 2023, en medio de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el entonces ministro de Educación Marco Antonio Ávila, el exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo aseguró que en 2022 Junaeb pagó $3.500 millones por apenas 30 colaciones en la Región de O'Higgins a la empresa Soser. Soser se autodenunció ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pero la causa fue sobreseída definitivamente en mayo de 2024.

La ex directora y el contraataque

La respuesta de la administración anterior llegó de inmediato. Camila Rubio, quien ejercía como directora de Junaeb en el período en cuestión, dijo que "Contraloría ha sido clara: nuestra gestión solucionó los problemas del pasado y descartó irregularidades. Esta campaña busca construir un relato para justificar el recorte de los beneficios sociales que con tanto esfuerzo hemos protegido".

La exdirectora aseguró que los cuestionamientos corresponden a contratos amarrados mucho antes de que ellos asumieran. "Las acusaciones que acá se están haciendo corresponden a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera", fustigó Rubio. Agregó que "existe un informe de 2025, el cual señala que no existieron irregularidades y en abril de 2026, el informe de Seguimiento de Contraloría señaló que las observaciones del informe fueron totalmente subsanadas".

Junaeb no es la única institución bajo la lupa. El análisis también alcanza al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), a Prodemu, a la Subsecretaría de Transportes y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). En todos estos servicios, la fiscalización reveló deficiencias en el control financiero y recursos pendientes de rendición.