La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituir el pago de la pensión de viudez a Irma Ovalle Oyarzún, sentenciada a 20 años de cárcel por contratar a un sicario para asesinar a su esposo en 2012.

El fallo obliga al Estado a cancelar cerca de $150 millones acumulados desde 2017, más una pensión vitalicia a futuro. El marido, Didier Mansilla, era suboficial mayor en retiro del Ejército.

El caso provocó polémica al exhibir un vacío legal que la propia justicia chilena ya tiene en proceso de cierre.

El vacío legal: condena penal no es lo mismo que indignidad civil

El Consejo de Defensa del Estado había rechazado el pago alegando la condena penal de Ovalle. Pero la Corte determinó que esa pena no extingue automáticamente sus derechos previsionales.

El abogado defensor de Ovalle, Marcos Ibacache, lo resumió así: "Para que una persona pierda la calidad de heredero, tiene que haber una sentencia que lo declare; la sentencia que condena a esta señora a 20 años de cárcel por parricidio no es una sentencia que la declare indigna".

El académico Francisco Talep explicó a LUN que las causales de "indignidad" están en el Código Civil, pero requieren una declaración judicial específica iniciada por la parte interesada, en este caso el Fisco. Ese trámite nunca se hizo.

La defensa de Ovalle sostuvo que la mujer tomó la decisión "desesperada ante el infierno que vivía" tras años de "maltratos y golpizas". En 2012, mientras trabajaba en un supermercado, convenció a un carnicero del local de asesinar a su marido por $5 millones.

La ley que llegó tarde

Apenas una semana antes del fallo, el 5 de mayo, la Cámara de Diputados despachó un proyecto que impide a condenados por femicidio o violencia intrafamiliar acceder a pensión de sobrevivencia.

La iniciativa obliga a los Juzgados de Garantía y a los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal a informar de oficio sobre la relación familiar entre víctima y condenado. Y manda comunicar el caso a la Superintendencia de Pensiones, AFP y compañías de seguros para bloquear el beneficio.

El timing es brutal: la legislación que habría evitado este pago acaba de avanzar en el Congreso, pero llega tarde para el caso Ovalle. Capredena, por su parte, ya no tiene cómo recurrir: la posibilidad de impugnación del Fisco prescribió.

Ovalle, que aún cumple cinco años de su condena en prisión, recibirá una pensión mensual cercana a los $2 millones por el resto de su vida. Su abogado calcula que el monto retroactivo total podría llegar a los $200 millones.