El sistema de calificación cinematográfica en Argentina entrará en una nueva etapa tras la reglamentación de la Ley 23.052. A partir del Decreto 50/2026, el Gobierno dispuso el fin del esquema histórico de ATP (Apto para todo público), +13, +16 y +18 tal como se conocía hasta ahora, y avanzó con una reforma que modifica quién clasifica las películas y con qué alcance lo hace.

Con esta decisión, quedó disuelta la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, el organismo que durante más de cuatro décadas evaluó la aptitud de los filmes. En adelante, esa tarea quedará exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que establecerá categorías con carácter orientativo y no restrictivo.

¿Cómo funcionará el cine sin el ATP?

El nuevo modelo redefine el papel del Estado: la calificación dejará de ser un filtro obligatorio para convertirse en una guía informativa para el público. La normativa remarca que la responsabilidad sobre el acceso de menores a determinados contenidos recaerá principalmente en padres y tutores, mientras que las salas deberán exhibir la información de manera clara.

Otro punto central es la homologación automática de calificaciones extranjeras. Dado que una gran parte de los estrenos que llegan a los cines argentinos proviene del exterior, las evaluaciones realizadas en el país de origen serán reconocidas de forma directa, sin necesidad de una revisión local previa. El Incaa solo podrá intervenir si existen razones de interés público que justifiquen un cambio.

 En términos simples, el cine ya no va a "autorizar o prohibir" películas según la edad como antes. El Estado deja de decidir si una película es ATP, +13 o +18 de forma obligatoria y pasa a dar solo una orientación al público a través del INCAA. Muchas películas llegarán con la misma calificación que ya tienen en otros países y los padres o tutores serán quienes decidan qué pueden ver los menores. El cambio busca acelerar los estrenos y reducir controles, poniendo el foco en la información y no en la censura. 

El Ejecutivo justificó la reforma en la necesidad de adaptar el sistema a los cambios culturales y tecnológicos, además de reducir tiempos y trámites que, según el diagnóstico oficial, ralentizaban la llegada de películas a cartelera. La eliminación de estructuras intermedias busca agilizar los estrenos y alinear el mercado local con estándares internacionales.

La nueva normativa comenzará a aplicarse dentro de los próximos 60 días. Con su entrada en vigencia, el cine argentino dejará atrás el modelo clásico del ATP como categoría central y pasará a un esquema más flexible, en el que la información reemplaza a la prohibición y la decisión final queda en manos del público.