Los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF presentaron este jueves por la noche un escrito ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que solicitaron que la jueza Loretta Preska declare en desacato a la Argentina y le aplique sanciones. El planteo se basa en presuntas demoras del país en la entrega de documentación oficial exigida por la Justicia estadounidense.

El reclamo de los fondos y el proceso de discovery

El pedido fue impulsado por Petersen y Eton Park, con el respaldo del estudio Burford Capital, y está vinculado al proceso de discovery, ordenado el 29 de julio de 2025. Esa resolución obliga a la Argentina a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y exfuncionarios, que según los demandantes no habrían sido entregados en su totalidad.

Qué información exige la Justicia de EE.UU.

En ese marco, la jueza Preska solicitó acceso a mails y mensajes de WhatsApp del exministro Sergio Massa, del actual ministro de Economía Luis Caputo, del canciller Pablo Quirno, además de otros funcionarios y exfuncionarios nacionales. Para los fondos, la supuesta falta de documentación justificaría la aplicación de sanciones adicionales.

Los plazos judiciales y la respuesta del Gobierno

La Procuración del Tesoro, que representa a la Argentina, responderá formalmente el 19 de febrero, mientras que los demandantes replicarán el 5 de marzo. Las audiencias probatorias están previstas para los días 23 y 24 de marzo, cuando la jueza Preska definirá si declara o no el desacato. Desde el Gobierno rechazaron el planteo y aseguraron que el país "ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino".

Las sanciones que solicitan los demandantes

Entre las sanciones reclamadas, los fondos pidieron que se declare el alter ego de organismos estatales como el Banco Central, el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa). También solicitaron sanciones civiles, la "presunción de que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable" y una multa coercitiva de un millón de dólares por día, según explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors.

El argumento del "alter ego" del Estado

Los demandantes sostienen que esos organismos funcionan como una extensión directa del Estado argentino y carecen de independencia operativa y legal. Este argumento ya había sido parte del juicio que derivó en un fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones, más intereses, por la expropiación de YPF en 2012.

Las acusaciones de incumplimiento

En su escrito, los fondos afirmaron que "a pesar de la clara demostración" de la capacidad de la Argentina para entregar la información, el país "se ha negado a presentarla". También sostuvieron que "la violación clara e inequívoca" de la orden judicial "cumple plenamente los requisitos para la imposición de sanciones".

La postura oficial y lo que viene

Desde la defensa argentina calificaron la moción como "el intento más reciente de Burford Capital de hostigar" al país mediante pedidos de discovery "intrusivos y desproporcionados". La Procuración del Tesoro aseguró que la Argentina continuará cumpliendo con el proceso "siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas", mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos analiza las apelaciones presentadas.