En la serie Menem, Emir Yoma aparece como uno de los operadores más oscuros del poder real, moviéndose en las sombras mientras otros daban la cara. Pero hubo una mujer que lo vio todo. Lourdes Di Natale fue su secretaria y apuntó con obsesiva precisión los movimientos de su jefe: nombres, visitas, sobres, reuniones. Sus anotaciones terminaron en manos de la Justicia y fueron clave para avanzar en la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Un rompecabezas con pólvora y muerte

El escándalo estalló cuando se reveló que el gobierno de Menem había firmado decretos secretos para exportar armas a países en guerra, violando embargos y tratados de paz. Lourdes sabía más de lo que convenía. Yoma era su jefe, su exesposo era el abogado que lo defendía, y ella, el nexo incómodo entre ambos mundos. Cuando explotó la fábrica militar de Río Tercero, no solo volaron edificios: también volaron pruebas.

Lourdes cayó desde un décimo piso días antes de declarar en tribunales. Tenía miedo. Había denunciado amenazas. La Justicia lo caratuló como suicidio, aunque las pericias posteriores indicaron que era casi imposible que hubiera llegado sola al lugar donde la encontraron. Pero el caso se cerró, se archivó y se apagó, como tantas veces en la historia argentina. Su muerte quedó como una sospecha incómoda que nadie quiso revisar demasiado.

La paradoja del poder

Hoy, Mariano Cúneo Libarona -su exmarido, con quien disputaba la tenencia de su hija- es el ministro de Justicia de la Nación. Fue el abogado defensor de Emir Yoma en la misma causa en la que Lourdes iba a declarar. Y ahora impulsa la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal. Que alguien así esté a cargo del sistema judicial es una muestra de que en Argentina las vueltas de la vida no siempre son casualidad. A veces son decisiones.

Un final abierto que sigue doliendo

La serie Menem muestra apenas una parte de lo que Lourdes sabía. El resto se lo llevó con ella. Su hija sigue convencida de que no se suicidó. Que la mataron. Pero ya nadie busca culpables. Porque en este país, cuando el poder decide que una muerte no conviene ser esclarecida, lo que se apaga no es solo una voz: es una advertencia para todos los que se atrevan a hablar.