1- Hay preocupación en la justicia por el aumento de los hechos de inseguridad?
Sí, y mucha. El aumento de la pobreza y de la exclusión social repercute directamente en el índice delictivo en cualquier país donde impere el estado de derecho. Agravado por el avance narco. Esto está empíricamente demostrado, por lo que, dado el contexto actual, desgraciadamente debemos prever un aumento de delitos en los próximos meses, y particularmente de los delitos contra la propiedad.
2- Ante este panorama, ¿cómo esperan mejorar el sistema actual de detenciones en flagrancia?
Tener un sólo centro de detención en la Capital fue producto de una necesidad en pandemia, pero su permanencia en el tiempo fue negativa. A veces estas ideas funcionan bien en un plano teórico o académico, pero chocan con la realidad. Y la realidad es que existe un embudo en la entrega de procedimientos, que a su vez produjo una menor calidad investigativa, algo que comenzaron a advertir jueces y camaristas. Esto debe ser rápidamente subsanado, la idea es contar con 4 centros de detención en distintos puntos cardinales de la ciudad. A ello se suma un proyecto de ley que elimina el certificado de antecedentes penales para unificar los mismos en el Registro Nacional de Reincidencia, que funciona mucho más rápido.
3- ¿Cómo se puede llegar a una respuesta rápida y eficiente de la justicia?
Considero crucial profundizar el “Plan de Gobierno de Datos” anunciado en la apertura del año judicial 2022. Para ello, el seguimiento de los procesos a través de las enormes potencialidades que contiene la incorporación de tecnologías de la información, algo que se está realizando con mucho esfuerzo. Por otro lado, advertimos hace dos años que la juventud y el narcotráfico eran los temas que mayor preocupación generaban en la ciudadanía. Y no sólo el narcotráfico, el problema de la droga es transversal y está asociado a una amplia gama de delitos. Hoy, a la enorme mayoría de los detenidos en flagrancia se le detectan estupefacientes. Esto excede, pero no libera, al poder judicial, porque para una mayor eficiencia será necesaria mayor interacción de todos los poderes del Estado.
Sebastián López Peña
Vocal del Tribunal Superior de Justicia